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Crece presión política en Perú con marchas extendidas a Lima

Los llamados al cierre del Congreso y la salida de la presidenta Dina Boluarte se extendieron este viernes en Perú y las protestas llegaron Lima, mientras que el gobierno perdía tres ministros y los bloqueos de ruta persistían en el sur andino, afectando la turística ciudad de Cusco y el tren a Machu Picchu.

Perú vive su décimo día consecutivo de manifestaciones después de la tregua de fin de año, y amaneció con Arequipa, segunda ciudad del país y cuna de revoluciones, prácticamente bloqueada, sin comunicación terrestre con las vecinas regiones andinas de Cusco y Puno.

Las violentas protestas iniciadas hace cinco semanas dejan 42 muertos, incluido un policía que fue quemado vivo por una turba, según la Defensoría del Pueblo.

La jornada registró también nuevas marchas en Tacna, 1.220 km al sureste de Lima, limítrofe con Chile, país que cerró temporalmente su paso el jueves “debido a las manifestaciones en las cercanías del complejo fronterizo peruano de Santa Rosa”, informaron las autoridades chilenas.

Gobernadores regionales y varios colegios profesionales del Perú se sumaron al pedido de renuncia de la presidenta Boluarte.

“¿Cuántos muertos más va a costar la permanencia de Dina Boluarte en la presidencia? Eso debemos preguntarnos todos los peruanos, de izquierda o derecha. Ningún cargo puede estar encima de la vida humana”, dijo a la prensa el gobernador de Puno, Richard Hancco.

En el mismo sentido se pronunciaron autoridades de las regiones andinas de Apurímac y Cusco, así como 12 colegios departamentales de abogados y el Colegio Nacional de Profesores.

La parlamentaria opositora Susel Paredes afirmó en una radio que la renuncia de Boluarte “se está madurando” y aseguró que la dimisión el jueves del ministro de Trabajo, Eduardo García, “es el principio del fin” luego que éste se apartara por desacuerdos con la forma en que el gobierno maneja las protestas.

Pero el primer ministro, Alberto Otárola, ha descartado tajantemente la posibilidad de que Boluarte renuncie.

El jefe de la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que culminó este viernes, el abogado guatemalteco Stuardo Ralón, exigió investigaciones imparciales ante indicios de que elementos de las Fuerzas Armadas hicieron “uso excesivo de la fuerza” en la represión de las movilizaciones.

Poco después de la declaración de la CIDH el gobierno anunció la renuncia del ministro del Interior, Víctor Rojas, cuestionado por el desempeño de la unidad antimotines de la policía.

Fue reemplazado inmediatamente por el general de la Policía en retiro Vicente Romero en una ceremonia por la noche en la que Boluarte también tomó juramento a Nancy Tolentino en la cartera de la Mujer ante la sorpresiva dimisión de Grecia Rojas, y Luis Alfonso Adrianzén en Trabajo, tras la renuncia el jueves de Eduardo García.

Demandas políticas

El bloqueo de carreteras, en especial en el sur del país, históricamente marginado, también se han extendido a zonas de la selva. En la región amazónica Madre de Dios, fronteriza con Brasil y Bolivia, hubo movilizaciones y una turba lanzó piedras causando destrozos en casa de un congresista el jueves.

“Cierre del Congreso Ya. Nueva Constitución”, “Dina, asesina, renuncia enemiga”, son las consignas estampadas en las pancartas que se alzan en marchas y bloqueos, que el jueves se hicieron sentir en el centro de Lima, donde se registraron algunos incidentes con las fuerzas del orden.

Las demandas incluyen el pedido de elecciones inmediatas este año, en lugar de abril 2024, así como la convocatoria a una Asamblea Constituyente que reclaman desde 2021 los partidos de izquierda y organizaciones campesinas.

A ello se suman la exigencia de justicia y sanción para los responsables de las 42 muertes registradas en enfrentamientos con las fuerzas del orden, desde el inicio de las protestas hace cinco semanas.

Además, hay 531 heridos -355 civiles y 176 agentes de la policía- y 329 detenidos, según la fiscalía, que abrió una investigación por “genocidio” contra Boluarte.

Cusco, el turismo paralizado

En medio de la intensa crisis, por el momento sin perspectiva de resolución, en Cusco las autoridades tuvieron que cerrar el aeropuerto por seguridad ante una escalada de protestas violentas desde inicios de esta semana, que provocó además la suspensión de las operaciones del tren a Machu Picchu, atracción turística internacional.

El saldo trágico de muertos provocó un llamado de Estados Unidos a la “moderación” de todas las partes.

El izquierdista Castillo fue destituido por el Congreso y apresado el 7 de diciembre tras un fallido autogolpe, al intentar cerrar el parlamento, intervenir la justicia y gobernar por decreto. Lo reemplazó Dina Boluarte, de 60 años, su vicepresidenta.

Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 18 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.

Hasta ahora las regiones del norte de Perú, donde están asentadas gran parte de las industrias que son pilares de la economía peruana, minería y agroexportación, se mantienen sin manifestaciones.

El gobierno culpa de la situación a “azuzadores profesionales financiados por dinero ilegal”.

La policía anunció la captura de una dirigente gremial de la región Ayacucho, Rocío Leandro, acusada de financiar las protestas y reclutar manifestantes. Según un portavoz policial, el general Oscar Arriola, ello confirma la participación de remanentes de Sendero Luminoso pues Leandro perteneció al desaparecido grupo armado maoísta donde se le conocía como “Camarada Cusi”.

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