Las empleadas del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi) Pueblo Nuevo, acusadas por la fiscalía de San Francisco de Macorís de homicidio involuntario por la muerte de un menor de edad bajo su cuidado, se enfrentan a penas que van desde los dos a 20 años de prisión.
El menor Maikel Esmil Castro Álvarez, de un año y nueve meses de edad, falleció el pasado 2 de septiembre, ahogado en una cubeta en momentos en que estaba en el Caipi. El médico legista actuante certificó la muerte como asfixia por inmersión.
La fiscalía de San Francisco anunció el martes que ordenó el arresto de tres empleadas que debían velar por el cuidado del menor y las acusa de homicidio involuntario, maltrato infantil y abandono.
El Código Penal dominicano establece en su artículo 319 que “el que, por torpeza, imprudencia, inadvertencia, negligencia o inobservancia de los reglamentos, cometa homicidio involuntario, o sea causa involuntaria de él, será castigado con prisión correccional de tres meses a dos años, y multa de veinte y cinco a cien pesos”.
También señala que, en caso de muerte del niño o niña a causa de un abandono, las personas involucradas serán encontradas “reos de homicidio, con prisión de diez a veinte años y multa de veinticinco mil a cincuenta mil pesos”.
Ayer, el abogado Jorge Peña, representante de los padres del menor, informó que presentó formal querella contra cinco de los empleados del centro de cuidado infantil y adelantó que todavía no descartan la posibilidad de que manos mal intencionadas hayan actuado en la muerte, debido a un golpe en la cabeza que presentaba el menor.
Adelantó además que el caso va a revelar “muchas irregularidades del Inaipi, va a revelar condiciones muy indeseables en las que ha estado y estuvo durante mucho tiempo el Caipi, donde estaba el niño”.
Peña sostiene que mucho del descuido y falta de higiene del centro tuvo que ver con el incidente que costó la vida a Maikel Esmil, conforme con declaraciones ofrecidas a medios de comunicación de la zona.
