Inicio Opinion Ministerio Público Electoral: perseguir las infracciones electorales y establecer régimen de consecuencias

Ministerio Público Electoral: perseguir las infracciones electorales y establecer régimen de consecuencias

Por José Francisco Peña Guaba

La Ley Orgánica de Régimen Electoral #15-19 consagra un régimen penal electoral diferente al que tradicionalmente imperaba en nuestro país.

Esa es la razón aparente para que, hasta el momento en que se escriben estas líneas, pese a la evidente vulneración de varias disposiciones penales electorales ocurridas durante la campaña electoral no se hayan incoado procesos para perseguir y sancionar las faltas cometidas, cuya especificación inicia en el artículo 282 de la Ley Electoral.

Sin embargo, con un Ministerio Público secuestrado por el poder político no existen posibilidades reales de que las infracciones electorales sean perseguidas y sancionadas como corresponde. Durante las elecciones municipales de marzo la organización de la sociedad civil “Participación Ciudadana” denunció una situación inaceptable, a saber que “los fiscales electorales no respondieron al 62 por ciento de las llamadas que se les hicieron cuando eran requeridos, y que el restante por ciento que tomaba las llamadas lo hacía a través de una tercera persona.”

la Constitución y las leyes configuran al Ministerio Público como el receptor natural de la noticia de la comisión del hecho punible, y, en consecuencia, en esta fase primaria de la investigación, es el destinatario de la acción por la cual se solicita investigar y posteriormente traspasar el conflicto al órgano jurisdiccional.

Sin duda que uno de los valores constitucionales esenciales, que verdaderamente consagra el orden democrático como una realidad es la sanción oportuna de los delitos electorales, para evitar que el país continúe siendo pasto de las llamas desatadas por las pasiones que desatan las campañas. Es tiempo ya, después de decenas de años de vivir en plena etapa democrática, que se imponga la ley y se evite la comisión de delitos y crímenes antes, durante y después de las elecciones.

El Ministerio Público no puede continuar permitiendo la violación de la ley, tanto por el oficialismo como por la oposición, porque tarde o temprano se encontrará de frente con los reclamos sociales que le exigen imponer el orden y la justicia en la materia electoral. Este es un excelente momento para comenzar a perseguir las infracciones electorales, para evitar que ocurran, para proteger la democracia y para inducir en nuestros ciudadanos un comportamiento apegado a la ley cuando se trate de elegir candidatos.

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